La candidata presidencial de derecha, Keiko Fujimori, manifestó este viernes su respaldo al sistema electoral peruano y estimó que el escrutinio definitivo que determinará al ganador del balotaje frente al aspirante de izquierda, Roberto Sánchez, tomará al menos una semana adicional debido al proceso de revisión de votos.
En declaraciones a los medios de comunicación en los exteriores de su residencia, la lideresa del partido Fuerza Popular defendió la reforma promovida por su organización en el Parlamento, la cual dispone la conservación física de las cédulas de sufragio con el propósito de facilitar los reconteos ante eventuales impugnaciones u observaciones de las agrupaciones políticas.
Fujimori consideró que, a pesar de requerir prudencia por parte de la ciudadanía y los candidatos, este mecanismo dota de mayor transparencia, credibilidad y certezas jurídicas el resultado final del proceso electoral.
Con 98,26% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori se sitúa a la vanguardia de la contienda con 50,005% de los votos válidos (9.037.236 sufragios), registrando ventaja de 1.664 votos sobre Sánchez, de Juntos por el Perú, quien acumula 49,995% (9.035.572 sufragios).
La candidata destacó la necesidad de esperar la resolución judicial de las mesas observadas, concentradas principalmente en Lima Metropolitana –plaza donde Fuerza Popular mantiene su mayor caudal electoral–, lo que proyecta un desenlace favorable para su opción política.
Propuestas de revisión integral y antecedentes procesales
Respecto a las objeciones planteadas por la oposición, Fujimori reconoció el derecho de la alianza de izquierda a solicitar la nulidad de determinadas mesas de sufragio, en particular las del extranjero, aunque precisó que esos requerimientos formales no han cumplido con las tasas de pago ni los requisitos administrativos exigidos por las autoridades correspondientes.
Evitó pronunciarse sobre el planteamiento formulado de manera casi simultánea por Roberto Sánchez, quien propuso auditoría y revisión integral de la totalidad de la votación en territorio nacional y del exterior con el fin de disipar denuncias mutuas de irregularidades operativas.
La estrategia de impugnación de actas guarda similitudes con los mecanismos legales empleados por la propia Keiko Fujimori durante los comicios generales de 2021, cuando cuestionó judicialmente los resultados tras su derrota ante Pedro Castillo bajo denuncias de presunto fraude que no fueron ratificadas por los jurados electorales.
Quien resulte vencedor en este balotaje asumirá la jefatura del Estado para el período gubernamental 2026-2031.
Las elecciones ocurren tras una década marcada por profunda inestabilidad institucional en el país andino, periodo que registró un total de ocho presidentes en funciones debido a sucesivos procesos de vacancia y destituciones impulsados desde el Congreso de la República.
Con información de Efe.
