Los equipos de emergencia y rescate desplegados en Colombia ingresaron este miércoles en la “fase final” de operaciones de búsqueda tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste del país el pasado lunes.
La aceleración de las labores responde a la necesidad de intervenir sobre las estructuras colapsadas antes de que concluya el periodo de 72 horas posterior al evento telúrico, lapso considerado técnicamente como el marco de mayor probabilidad para el rescate de sobrevivientes bajo los escombros.
El sismo, catalogado como el más mortífero registrado en el país en lo que va de siglo, concentró sus mayores niveles de destrucción en poblaciones de la costa del Pacífico y en la región del Eje Cafetero.
De acuerdo con el reporte oficial más reciente presentado por el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, la cifra de víctimas mortales asciende a 265 personas, mientras que los heridos se aproximan a los 3.500 y cerca de 500 ciudadanos continúan en calidad de desaparecidos.
En puntos críticos como Pereira, los operativos se han enfocado en lugares específicos con indicios de vida.
En las ruinas de una edificación comercial en dicha localidad, brigadistas y familiares registraron señales sonoras provenientes del subsuelo atribuidas a un comerciante atrapado, lo que motivó la intensificación del trabajo manual y el uso de maquinaria pesada.
“Estamos entrando en la fase final. Pasado este tiempo será más difícil encontrar personas con vida bajo los destrozos. Cada media hora hacemos silencio para buscar si encontramos gente con vida”, precisó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, coincidiendo con testimonios de voluntarios en el terreno que confirmaron la extracción intermitente tanto de víctimas con vida como de fallecidos.
La dimensión material de la tragedia abarca la destrucción de más de 11.000 viviendas, situación que ha obligado a miles de familias a pernoctar a la intemperie ante la pérdida de sus hogares o por temor a la ocurrencia de réplicas.
Localidades como El Cairo y Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca, registran paralización del comercio local, daños severos en infraestructuras privadas y alteraciones en el suministro de energía eléctrica.
En el plano gubernamental, el presidente De la Espriella, quien asumió la jefatura de Estado el pasado 7 de agosto, decretó tres días de luto nacional y declaró el estado de “emergencia económica”.
Esta medida de excepción faculta al Ejecutivo para modificar asignaciones presupuestarias y crear mecanismos impositivos sin trámite parlamentario previo, en aras de financiar la respuesta a la contingencia.
El mandatario anunció además la constitución de un fondo especial para administrar la asistencia internacional, reconociendo que la catástrofe impacta al país en un contexto de restricción fiscal.
Paralelamente a la movilización de recursos estatales, la respuesta ciudadana se tradujo en donaciones masivas de agua, alimentos e insumos de primera necesidad, así como en extensas jornadas de donación de sangre en los principales centros urbanos del sudoeste colombiano.
Mientras tanto, la administración central respondió a cuestionamientos de sectores opositores sobre el manejo y la selección de la ayuda humanitaria internacional enviada por distintos gobiernos, acusaciones que fueron desestimadas por la Cancillería.
AFP
