El Gobierno de Panamá decretó este sábado estado de emergencia nacional para acelerar la atención a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 registrado el viernes 9 de octubre en la península de Azuero. La medida, aprobada por el Consejo de Gabinete, permitirá disponer de $100 millones destinados a asistencia humanitaria, reparaciones urgentes y recuperación de infraestructuras dañadas.
Las autoridades elevaron a 419 el número de centros educativos afectados, confirmaron 27 personas lesionadas y reportaron daños en 21 instalaciones de salud y más de 426 viviendas, con afectaciones que van desde daños leves hasta pérdidas totales. No se registran víctimas mortales.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que las afectaciones se extienden por varias provincias, con especial impacto en Herrera, Los Santos y Veraguas, además de comunidades insulares y zonas de difícil acceso.
Prioridades del Gobierno
El presidente José Raúl Mulino instruyó a los ministros a mantenerse desplegados en las áreas afectadas y coordinar recursos institucionales para atender a la población. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que la prioridad inmediata es asistir a las familias damnificadas y garantizar la operatividad de los servicios esenciales.
Durante la conferencia de prensa se anunció la creación de una comisión de alto nivel encargada de coordinar la asistencia y planificar la recuperación. El equipo está integrado por el secretario de Metas, José Ramón Icaza; la viceministra Mirna Luque y el propio Orillac.
El ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó que 419 escuelas presentan daños y que este domingo se definirá si las clases se reanudan el lunes 12 de octubre, dependiendo de las inspecciones de seguridad.
Ingenieros y arquitectos especializados evalúan hospitales, viviendas y centros educativos para determinar su estabilidad estructural.
Evacuaciones y asistencia humanitaria
Una de las situaciones más críticas se registró en isla de Cañas, donde 300 personas fueron evacuadas por el incremento del nivel del agua asociado al sismo. Los afectados reciben atención y suministros básicos mientras continúan las labores de traslado de ayuda.
El Ejecutivo habilitó el Parque Omar como centro de acopio en la capital, y las gobernaciones provinciales funcionan como puntos de recepción de alimentos, agua y artículos de primera necesidad.
Equipos de emergencia y estamentos de seguridad, incluidos 419 miembros del Senafront, participan en operativos de asistencia, evaluación de daños y acompañamiento psicológico a las familias afectadas. También se activó un mecanismo de atención para personas con discapacidad auditiva mediante intérpretes de lengua de señas.
Las autoridades mantienen el monitoreo de réplicas y actualizan de forma constante el balance de daños. El Gobierno aseguró que continuará informando sobre las medidas de respuesta y los avances en las evaluaciones de infraestructura.
El Universal
