Luisa González, excandidata presidencial ecuatoriana, permanecerá en prisión preventiva junto a otros dos investigados, tras ser acusada de lavado de dinero en el contexto de la campaña electoral de 2023. La solicitud fue presentada por la Fiscalía en una audiencia celebrada este viernes, donde se le imputó el delito que la vincula con fondos presuntamente provenientes de Venezuela.
Entre los detenidos se encuentra el exasambleísta Santiago Díaz, cuyo testimonio ha sido crucial para el avance de la investigación. Díaz declaró haber introducido dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña de González, bajo instrucciones del expresidente Rafael Correa, quien gobernó el país entre 2007 y 2017.
La otra imputada es Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil durante la administración del encarcelado alcalde Aquiles Álvarez. González fue arrestada el jueves en su hogar en Canuto, Manabí, y desde entonces se encuentra recluida en el Cuartel Modelo de Guayaquil.
La investigación, conocida como el caso ‘Laberinto’, busca esclarecer el origen de 500,000 dólares que habrían sido utilizados en la campaña de González. En este sentido, el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, indicó que el objetivo es identificar a los responsables de la circulación de esos fondos y las entidades involucradas.
González, quien se presentó como candidata del correísmo en las elecciones de 2023 y 2025, ha perdido en ambas ocasiones ante Daniel Noboa. Correa, por su parte, se encuentra exiliado en Bélgica y enfrenta una condena por cohecho en Ecuador.
Neira también reveló que las autoridades están investigando mensajes encontrados en teléfonos que sugieren que un colaborador de la investigación se comunicó con un contacto identificado como Aquiles Álvarez 1, preguntando por el presupuesto total de campaña, que ascendía a 500,000 dólares. La respuesta indicaba que el dinero debía destinarse a brigadistas y otros gastos, todos pagados en efectivo.
Además, Ana Paula Patiño, directora de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe), informó que en el análisis financiero del caso se identificaron operaciones inusuales que suman más de 400,000 dólares en ingresos sin justificación, en su mayoría provenientes de nacionales venezolanos y colombianos.
Las ramificaciones de este caso continúan extendiéndose, y la implicación de figuras clave del correísmo plantea serias interrogantes sobre la financiación de campañas electorales en Ecuador.
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