La situación de Osmeilys y su familia cambió de forma drástica apenas 48 horas después del nacimiento de su hijo, luego de que un vecino le enviara varias grabaciones en las que se observaban detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro de su edificio.
De acuerdo con su relato este hecho provocó que decidieran no regresar a su vivienda por temor a una nueva redada migratoria. Desde entonces, permanecen en Estados Unidos bajo un contexto de incertidumbre y desplazamiento forzado.
“Ese día teníamos planificado un examen médico para mi niño recién nacido. Cuando salimos con mi esposo, no sabíamos que no íbamos a poder volver nunca, porque aparentemente los agentes están yendo todos los días”, explicó Osmeilys a CNN, quien accedió a contar su historia bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.
La pareja, de nacionalidad venezolana, ingresó a Estados Unidos en 2023 tras iniciar un proceso de solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One, durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, decidieron no avanzar en el trámite al considerar que no cumplían con los criterios de elegibilidad. Ese mismo año, su esposo obtuvo un permiso de trabajo mediante la misma plataforma. Todo cambió en 2025, cuando el gobierno de Donald Trump desactivó el sistema.
Cierre de CBP One complica los procesos migratorios
El cierre de CBP One, ejecutado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dejó sin efecto solicitudes en curso y canceló citas previamente agendadas, afectando directamente a la familia.
Posteriormente, en marzo de 2025, la aplicación fue sustituida por CBP Home, una herramienta que permite a los migrantes declarar su intención de “autodeportarse”, con un incentivo económico que pasó de US$ 1.000 a US$ 2.600 tras confirmar la salida del país.
Un control médico que terminó en desplazamiento
Semanas atrás, la familia vivió otro episodio determinante. Salieron rumbo a una cita médica del recién nacido cuando recibieron alertas sobre operativos migratorios en la zona. Ante el riesgo, optaron por no regresar a su vivienda y abandonar el lugar de inmediato.
La decisión derivó en una salida forzada, sin tiempo para organizar sus pertenencias.
“Tenía apenas dos días de haber dado a luz y pasé todo el día en el carro”, relató Osmeilys.
De acuerdo con su testimonio, otros residentes del edificio —también migrantes— viven bajo temor constante y han dejado de enviar a sus hijos a la escuela. Además, señaló que el arrendador habría sido contactado por agentes federales, quienes presuntamente buscaban a una persona específica.
CNN consultó al ICE y aguarda respuesta. El medio también verificó que la pareja no posee antecedentes penales.
Desafíos financieros y migratorios
Tras quedarse sin vivienda, lograron apoyo de una conocida que los contactó con una nueva propietaria, donde pudieron instalarse de manera temporal. “Ha sido demasiado fuerte, pero lo que importa es que estemos juntos y un poco más tranquilos”, afirmó.
Sin embargo, la situación económica continúa siendo compleja. La arrendadora permitió el ingreso sin pago de depósito, superior a US$ 800, con la condición de regularizar posteriormente la situación laboral y formalizar el contrato, aún pendiente de firma. A esto se suman gastos médicos por maternidad que rondan los US$ 9.000.
La revocación del permiso de trabajo del esposo, tras el cierre de CBP One, profundizó las dificultades financieras. “Le hablaron en Recursos Humanos y le dijeron que había un problema con su permiso y no se pudo solucionar”, indicó.
Pese a todo, la familia asegura que busca permanecer en Estados Unidos y actualmente tramita asesoría legal para regularizar su estatus migratorio. También explicaron que dejaron de asistir a citas de control migratorio tras conocer casos de detenciones de personas que acudieron a sus procesos y posteriormente fueron deportadas.
CNN
