La tercera huelga general contra el presidente Javier Milei en apenas 16 meses en el cargo comenzó en la medianoche del jueves. La medida ha paralizado la mayor parte de la economía, como el transporte aéreo, pero no es total porque los autobuses no se han sumado al paro.
Para ganar tracción política, la Confederación General del Trabajo (CGT) se ha aliado con el sector más afectado por el ajuste fiscal del presidente Javier Milei: los jubilados. Por este tipo de oportunismo, el gobierno considera que la huelga es política, mientras que los huelguistas denuncian las medidas económicas de Milei destinadas a destruir el empleo público, a través de la reducción del Estado, y el empleo privado, mediante la apertura de las importaciones.
La huelga general es la tercera contra Javier Milei, pero la primera que encuentra la popularidad del presidente cayendo entre 5 y 10 puntos, según los sondeos de opinión.
Si bien hasta principios de año Milei todavía tenía una imagen más positiva que negativa, esta tendencia se ha invertido en los últimos cuatro meses. En ese tiempo, el gobierno ha pasado de la ofensiva a la defensiva.
Los sindicalistas perciben esta vulnerabilidad política y atacan las medidas económicas con exigencias en un año electoral. En las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno necesita ganar para salir de su posición de minoría absoluta en el Congreso y poder avanzar en las reformas estructurales, incluida la reforma laboral. Los sindicalistas pretenden frenar esta posibilidad mediante el desgaste político.
Huelga en el transporte aéreo
La huelga no es un éxito total porque los autobuses siguen circulando. Aunque las frecuencias de las líneas son inferiores a las de un día laborable, los autobuses siguen funcionando debido a la conciliación obligatoria declarada por el gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, que garantiza los servicios mínimos.
En comercios y restaurantes, la adhesión es parcial y los supermercados permanecen abiertos.
La huelga tiene una fuerte presencia en las escuelas de casi todo el país y en las universidades públicas, pero en la ciudad de Buenos Aires las escuelas siguen abiertas.
En otros sectores, la huelga es total. Uno de los sectores más afectados es el transporte aéreo, con más de 500 vuelos cancelados.
Los trenes, el metro, el transporte de mercancías y el transporte marítimo están totalmente paralizados. Tampoco funcionan los bancos, las oficinas de correos ni los servicios de limpieza urbana. La administración pública y los tribunales de justicia están cerrados. En los hospitales, sólo funcionan los servicios de urgencias.
Reivindicaciones
La principal reivindicación es que el gobierno permita la libre negociación entre asalariados y patronal y luego ratifique los acuerdos.
El gobierno de Milei no ha ratificado acuerdos de más del 1% de aumento mensual, mientras que la inflación supera el 2%. En otras palabras: el gobierno no quiere ningún tipo de disparador salarial que alimente la inflación, mientras que los sindicalistas no quieren pérdidas salariales como forma de controlar la subida de precios. Es decir, no quieren ser la variable del ajuste que Milei ha hecho en las pensiones y en la función pública.
Además, los huelguistas tienen una lista de reivindicaciones paralelas: quieren que se aumenten las pensiones y la entrega gratuita de medicamentos que antes se repartían y que el gobierno de Milei ha dejado de hacer. También quieren aumentos en los presupuestos de sanidad y educación, sectores que también sufren los recortes del gobierno.
Los manifestantes también rechazan las privatizaciones de Milei y los despidos tanto en el sector público, vía ajuste estatal, como en el privado, vía aumento de las importaciones. Por último, los sindicalistas también están en contra del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional, cuyo anuncio formal está previsto para este viernes.
Héctor Daer, uno de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo, señala la contradicción de un presidente que quiere precios libres y predica la libertad, pero que impide la libre negociación entre empresarios y empleados, y reprime las protestas contra el gobierno.
“Los trabajadores y los pensionistas no pueden seguir siendo el centro de este ajuste. No podemos tener precios libres y salarios bajos. Necesitamos libertad para negociar y que se ratifiquen los convenios”, exige Daer.
36 horas de huelga
La huelga general comenzó en la medianoche del jueves y paralizará la mayor parte de la economía durante 24 horas. Sin embargo, las manifestaciones comenzaron 12 horas antes.
En la tarde del miércoles, los principales sindicatos, organizaciones de izquierda y movimientos sociales se sumaron a la tradicional manifestación de pensionistas que tiene lugar cada miércoles frente al Congreso.
El objetivo era ganar volumen político asociándose a los jubilados, el sector social más castigado por el ajuste fiscal del presidente Milei.
Hace un mes, cuando los sindicalistas decidieron anunciar una huelga general, el gobierno reprimió violentamente una manifestación de pensionistas con el apoyo de partidarios organizados.
Diversos actores políticos, como hinchas violentos y sindicalistas, cuya imagen social es de las más negativas de la sociedad, han utilizado a los pensionistas para desgastar al gobierno.
En la manifestación frente al Congreso, los pensionistas son conscientes de esta utilización política, pero sienten que ganan visibilidad.
“Sí, en parte es oportunismo de la CGT. Sería mejor que representaran realmente a los trabajadores, pero en cierto sentido, este oportunismo ayuda. Para el trabajador que solía estar jubilado, este apoyo es bueno”, dijo a RFI el trabajador jubilado Ricardo Fassi.
“No importa de dónde venga el apoyo. Es un vínculo con las luchas populares, igual que los apoyos organizados. En principio, creo que es bueno para generar un levantamiento popular que termine con este régimen podrido, que no tiene nada de democrático y que está hundiendo a los jubilados”, dijo a RFI el jubilado Osvaldo Riganti.
La opinión de Milei
Para el gobierno, esta huelga es puramente política. En Argentina, el sindicalismo es abiertamente peronista. Cuando un gobierno es peronista, prácticamente no hay huelgas. Cuando no es peronista, es constantemente atacado por el sindicalismo.
Un buen ejemplo de ello, según el Gobierno, fue la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), que erosionó el poder adquisitivo de los trabajadores pero no sufrió ninguna huelga general en cuatro años.
“Estos sindicalistas faltan el respeto a la inteligencia de los argentinos porque, si ahora hablan de poder adquisitivo, nadie ha destruido más el poder adquisitivo que Alberto Fernández, bajo el que no se hicieron huelgas”, ha dicho el portavoz de Milei, Manuel Adorni.
El Gobierno de Milei ya ha lanzado un mensaje en las últimas horas: si gana las elecciones legislativas de octubre, seguirá adelante con una reforma laboral.
“Queremos obtener una representación que nos permita avanzar con las reformas que Argentina necesita. Las pequeñas reformas laborales que hemos hecho todavía no alcanzan para resolver las dificultades que genera la ley de contrato de trabajo en Argentina”, dijo el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.
RFI
