La administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre el régimen cubano con nueve rondas de sanciones aplicadas desde mayo, dirigidas contra empresas, funcionarios y estructuras vinculadas al aparato político, militar y económico de la isla. Las medidas buscan restringir sus fuentes de financiamiento y limitar sus vínculos con el sistema comercial y financiero internacional.
Un total de 31 personas y 49 empresas incluidas en listas de restricciones, en aplicación de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.
La orden ejecutiva restringe las operaciones de empresas extranjeras con entidades o personas vinculadas al Gobierno cubano en sectores estratégicos como energía, defensa, finanzas, minería y seguridad.
Gaesa, el primer blanco
El conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, fue el primer objetivo en mayo, junto con su presidenta, Ania Guillermina Lastres. Según expertos, el grupo controla más de 40% del producto interno bruto (PIB) cubano mediante un amplio portafolio que incluye hoteles, telecomunicaciones, distribución minorista en dólares, venta de combustible, aduanas, sector inmobiliario, logística y transporte de pasajeros.
En esa misma ronda fueron incluidas dos entidades financieras vinculadas al conglomerado: Rafin y el Banco Financiero Internacional (BFI).
Defensa e inteligencia
Las restricciones también alcanzaron al aparato militar y de inteligencia cubano. Entre las entidades sancionadas figuran la Unión de Industria Militar (UIM), la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y la importadora Tecnotex, todas vinculadas a las FAR.
La lista también incluye al Ministerio de las Fuerzas Armadas, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), las Brigadas de Respuesta Rápida y la Dirección General de Inteligencia (DGI), dependiente del Ministerio del Interior (Minint).
Energía: petróleo y refinación
La presión sobre el sector energético comenzó en enero, cuando Washington suspendió los envíos de crudo venezolano a Cuba tras el arresto del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.
Las rondas posteriores incorporaron a la petrolera estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y al Centro de Investigaciones del Petróleo. También fue sancionado a título personal el ministro de Energía, Vicente de la O Levy.
Minería, metales y comercio exterior
Con el objetivo de limitar el flujo de divisas procedente de los recursos naturales, el listado incorporó a Moa Nickel S.A. y Geominera S.A., así como a la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero.
Las últimas rondas ampliaron el alcance de las medidas hacia entidades vinculadas al intercambio comercial con terceros países. Entre ellas figuran el Ministerio de la Construcción, la central de importación Tecnoimport, el Ministerio de Turismo, el Grupo Empresarial del Comercio Exterior y la Terminal de Contenedores de Mariel S.A.
La cúpula política y el entorno Castro
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, a su esposa, Lis Cuesta Peraza, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario, quien reside en Madrid.
Las medidas también alcanzaron a Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, además de su esposa y uno de sus hijos. A esta lista se sumaron ministros y otros altos dirigentes del régimen.
Proyección exterior
Washington también apuntó a los mecanismos de influencia internacional del Gobierno cubano. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y varios de sus representantes fueron incluidos en las sanciones, entre ellos su director, Fernando González Llort, uno de los integrantes de la denominada Red Avispa, quien fue condenado en Estados Unidos y posteriormente regresó a Cuba.
Las autoridades estadounidenses los señalan de encabezar redes de propaganda política y captación de recursos en beneficio del Gobierno cubano.
Las rondas de sanciones se han aplicado con una periodicidad aproximada de 15 días, principalmente los jueves. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido que las medidas continuarán y que la isla no tendrá una “válvula de escape” frente a la presión de Washington mientras no se produzcan cambios.
