El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que la Ley de Amnistía en Venezuela no ha logrado resolver de manera integral la situación de los presos políticos, pese a que ha permitido levantar restricciones en algunos casos.
Durante una entrevista en Venevisión, Romero explicó que aunque la normativa ha contribuido a excarcelaciones, su impacto es parcial. De acuerdo con sus datos, de más de 760 personas registradas como excarceladas desde el 8 de enero, solo alrededor de 180 han sido beneficiadas directamente por esta figura.
Señaló que la ley “no ha sido ni el todo ni el nada”, y advirtió que no es indispensable para lograr liberaciones, pues estas podrían concretarse sin necesidad de recurrir a tal instrumento legal.
Persisten restricciones y procesos abiertos pese a Ley de Amnistía
El abogado alertó que muchas de las personas liberadas continúan sujetas a medidas judiciales, como presentaciones periódicas o prohibiciones de salida del país, lo que implica que no se trata de una libertad plena.
Afirmó que la aplicación de la Ley de Amnistía ha funcionado en algunos casos como mecanismo restrictivo más que como una apertura total, limitando el alcance de los beneficios para los afectados.
Cifras del Foro Penal registran 477 detenidos por razones políticas, lo cual refleja la persistencia del problema a pesar de las excarcelaciones recientes.
Romero insistió en que el principal problema del sistema judicial venezolano es la vulneración del derecho a la defensa, que considera “restringido por completo”, especialmente en casos de carácter político.
Subrayó que existe limitación en el acceso a la defensa privada y a los tribunales, lo cual compromete el debido proceso y la posibilidad de una justicia imparcial.
A su juicio, cualquier reforma debe comenzar por garantizar la independencia de jueces y magistrados, así como su capacidad técnica y moral, sin presiones externas.
Amnistía, exilio y retorno
En relación con los venezolanos en el exilio, Romero planteó que una verdadera política de amnistía debería facilitar el regreso sin temor de quienes participan en la vida política del país.
Advirtió que mientras persista el miedo a represalias, no se puede hablar de libertad plena ni de reconciliación efectiva.
El presidente del Foro Penal abogó por la derogación de leyes que a su juicio restringen derechos fundamentales, como la Ley contra el Odio y la Ley Orgánica Simón Bolívar, por considerar que limitan la libertad de expresión y participación política.
Instó a las autoridades a abrir espacios a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y abogados, y a fortalecer el papel del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en la protección de garantías fundamentales.
En cuanto a las nuevas designaciones en estos organismos, Romero consideró que representan una oportunidad para impulsar cambios, siempre que se priorice el respeto a los derechos humanos y la autonomía institucional.
El Nacional
