Caracas.- A menos de un mes del regreso a clases previsto para el 14 de septiembre, al menos 27,3 % de los planteles educativos monitoreados tras los terremotos del 24 de junio presenta daños graves, mientras que 33,3 % mantiene áreas clausuradas por riesgos asociados a la infraestructura. Los datos forman parte de un informe de Cecodap y Redhnna que advierte sobre las condiciones en las que estudiantes y docentes deberían retornar a las aulas.
El Informe situacional sobre afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico de junio de 2026, elaborado por los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), fue realizado a partir de un monitoreo efectuado entre el 27 de junio y el 4 de agosto.
Para algunos estudiantes, el retorno a clases no significa simplemente reencontrarse con sus compañeros, preparar los útiles y volver a las rutinas. En las comunidades más golpeadas por los terremotos, volver a entrar a un aula puede significar enfrentarse nuevamente a las grietas, al recuerdo de quienes ya no están y al miedo de que una nueva réplica vuelva a sacudir las estructuras.
La incertidumbre no se limita a quienes perdieron familiares o sus viviendas. En las comunidades educativas consultadas, 51,5 % reportó fallecidos, 26,3 % heridos, 45,5 % personas desaparecidas y 58,6 % miembros damnificados. Algunos niños quedaron huérfanos o bajo el cuidado provisional de otras personas, mientras sus familias intentan resolver dónde vivir y cómo retomar una cotidianidad interrumpida por el desastre.
Ese es el escenario que antecede al anuncio oficial del retorno a clases. El Gobierno fijó para el 14 de septiembre el comienzo del nuevo año escolar y prometió rehabilitar 1.500 planteles. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de la niñez advierten que todavía no existen garantías públicas suficientes para determinar cuáles escuelas están realmente en condiciones de recibir nuevamente a estudiantes y docentes.
Hasta la presentación del informe, se reportó que el doble terremoto dejó al menos 6.125 personas fallecidas y 60.992 heridas. Más de 128.000 familias resultaron afectadas y 21.470 permanecen refugiadas en 107 campamentos provisionales. Asimismo, el sistema satelital Copernicus contabilizó 434 edificios completamente colapsados y otros 1.304 con daños severos.
Daños en la infraestructura educativa
La investigación de Cecodap y Redhnna recoge 99 formularios provenientes principalmente de La Guaira, Distrito Capital y Miranda. De las personas consultadas, 78,8 % son docentes y personal directivo. Asimismo, 60,6 % de los centros educativos monitoreados pertenecen al sector público y 39,4 % al privado o subvencionado.
Uno de los principales obstáculos para el regreso presencial es el estado de la infraestructura. La consulta revela que 27,3 % de los planteles presenta daños graves, entre ellos grietas profundas en vigas o columnas, desprendimientos de techos y colapsos estructurales parciales.
A esto se suma que 65,7 % registra daños considerados leves, como fisuras en frisos, vidrios rotos o caída de mampostería. En 33,3 % de las instituciones hay áreas clausuradas debido a riesgos que impiden utilizarlas con normalidad.
Gloriana Faría, coordinadora del servicio de Atención Jurídica de Cecodap, advirtió que la clasificación de un daño como «leve» no significa que una escuela sea automáticamente segura. Para determinar la habitabilidad, explicó, es necesaria una evaluación técnica realizada por profesionales independientes.
La afectación alcanza también a las organizaciones de educación popular que atienden a miles de estudiantes en sectores vulnerables.
La Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) reportó 28 escuelas con daños estructurales críticos certificados por ingenieros, con más de 4.000 estudiantes afectados. Entre ellas están el Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en La Pastora, y el Colegio San Agustín, en El Paraíso.
Fe y Alegría, por su parte, documentó daños en 84 de los 93 centros educativos evaluados en su cuarto reporte de emergencia. De ellos, 56 se encuentran en zonas consideradas de alta criticidad. La situación compromete a unos 15.000 estudiantes y 12.000 familias.
Entre los casos más delicados figura el colegio Dr. Prisco Villasmil, en Antímano, con 663 alumnos afectados. También están el Colegio Iberoamericano, ubicado en el kilómetro 14 de El Junquito, cuyo plantel sufrió un colapso total, y el Colegio Augusto Pi Suñer, en la misma parroquia.
Servicios públicos afectados
El terremoto profundizó problemas de servicios públicos que ya afectaban a los planteles.
El informe señala que 56,6 % de las escuelas monitoreadas no cuenta con telefonía o internet, lo que dificulta la comunicación con las familias y limita las alternativas de educación a distancia. Otro 43,4 % presenta problemas severos o ausencia total de agua potable por tubería.
A esto se suman dificultades para llegar a los centros educativos, escasez de transporte público, fallas eléctricas y problemas para garantizar el gas necesario para los comedores escolares.
Mientras tanto, 17,2 % de los planteles está siendo utilizado para funciones de emergencia, como refugio para damnificados, centros de acopio, comedores o puntos de atención médica.
La situación plantea una disyuntiva para las comunidades: desalojar a familias que todavía necesitan protección para recuperar los espacios escolares o intentar comenzar las clases en instituciones que continúan funcionando como centros de atención a la emergencia.
Cecodap
