La delegación opositora que participa en el proceso de negociación con el chavismo, impulsado por Estados Unidos, prevé abordar la próxima semana las garantías políticas y civiles y la libertad de expresión, informó Dinorah Figuera, jefa de la representación opositora.
Durante un encuentro virtual con abogados del estado Mérida, Figuera adelantó que en la nueva etapa será instalada “la mesa de libertades o garantías políticas y civiles y, por supuesto, la libertad de expresión”.
El dirigente Sergio Vergara explicó que las discusiones estarán centradas en el marco legal e institucional relacionado con la represión. Entre las normas que podrían ser revisadas mencionó la Ley contra el Odio, utilizada para procesar a personas por publicaciones en redes sociales; la legislación sobre fiscalización y control de las organizaciones no gubernamentales y la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024.
Vergara sostuvo que el objetivo es adaptar estas normas a un marco más “ajustado” a los derechos humanos. La Ley Simón Bolívar establece, entre otras sanciones, penas de hasta 30 años de prisión, multas e inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para quienes promuevan sanciones contra el gobierno o funcionarios públicos.
Jorge Millán, también integrante de la delegación, manifestó expectativas sobre esta nueva fase y aseguró que el próximo ciclo de conversaciones “le va a dar buenas noticias al país”.
Continuidad de los acuerdos
Esta nueva etapa dará continuidad al primer ciclo de conversaciones, cerrado el 12 de agosto, en el que las partes acordaron avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y gestionar la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra para destinarlos a la atención de víctimas de los terremotos de junio.
Como parte de esos acuerdos, la Asamblea Nacional reformó un artículo de la Ley del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité encargado de postular a los nuevos magistrados.
Juan Miguel Matheus, integrante de la delegación opositora, explicó que el proceso de evaluación y postulación de los nuevos jueces podría extenderse hasta 90 días, de acuerdo con los plazos establecidos en la legislación.
El proceso para sustituir a parte de los magistrados había comenzado en abril, pero quedó interrumpido tras los terremotos de junio. Ahora, las conversaciones retoman una agenda que combina los compromisos institucionales con una discusión sobre libertades políticas, civiles y libertad de expresión.
Con información de El Nacional
