Este jueves 24 de septiembre el Gobierno venezolano sumó un mes de absoluto silencio informativo tras suspender la publicación del balance oficial sobre las consecuencias del doblete sísmico.
El balance se hacía inicialmente a través de alocuciones diarias en televisión. Posteriormente, mantuvo la frecuencia pero por medio de una publicación en el canal de Telegram de Jorge Rodríguez.
Luego se convirtió en un «boletín informativo semanal» que se compartía los días lunes por las redes sociales del presidente de la Asamblea Nacional y se replicaba en los canales oficiales.
El más reciente reporte cifraba los fallecidos en 6.509 y a los rescatados en 6.462, mientras que el número de ciudadanos atendidos en hospitales se ubicaba en 226.696; desde entonces, los números han permanecido congelados.
Tal como denunció Amnistía Internacional, los datos disponibles no están desagregados por sexo, edad, ubicación u otras características esenciales, lo que impide identificar los impactos diferenciados de los terremotos y diseñar respuestas adecuadas para niñas y niños, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y otras poblaciones que pueden requerir medidas específicas de protección y atención.
La cifra de desaparecidos es la más rezagada: el Ejecutivo contabilizó 157 desaparecidos el 25 de junio, un día después de la tragedia. Desde entonces, no la volvió a mencionar. Por su parte, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, había informado de más de 1.500, según un censo vecinal y datos aportados por residentes.
Iniciativas ciudadanas han registrado aproximadamente más de 41.000 reportes de personas desaparecidas, sin que hasta el momento exista un registro público para verificar la información.
«Las familias han realizado gestiones por su propia cuenta, en instituciones públicas, morgues, hospitales y edificios colapsados, han colocado carteles con fotografías de sus seres queridos en lugares estratégicos; como hospitales y refugios temporales; difundieron información en redes sociales y, junto con organizaciones de la sociedad civil, crearon bases de datos y plataformas digitales para intentar localizar a quienes siguen desaparecidos», reportó Amnistía Internacional.
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