Un grupo de ex presos políticos recientemente excarcelados, tras las medidas anunciadas el pasado viernes, acudió a la sede del Palacio de Justicia en Caracas este lunes 17 de agosto para conocer los detalles de su situación jurídica y las restricciones impuestas por los tribunales.
Aunque se prometió la liberación de 130 personas, organizaciones defensoras de derechos humanos como Justicia, Encuentro y Perdón registran al menos 80 excarcelaciones concretadas hasta el domingo. Los presos políticos que acudieron a los tribunales confirmaron que no gozan de libertad plena, sino de regímenes de presentación y prohibiciones de salida del país.
Caso Emirlendris
Emirlendris Benítez fue una de las primeras en presentarse ante el tribunal para cumplir con la primera audiencia de presentación tras recibir una medida humanitaria.
Benítez, quien estuvo detenida durante ocho años y salió del Instituto Nacional de Orientación Femenina, en silla de ruedas, aún no ha podido acudir a una revisión médica especializada para evaluar sus condiciones físicas actuales.
Tras la audiencia, la jueza dictaminó que podrá realizar sus presentaciones en el estado Lara, la entidad federal donde reside. “Espero la libertad plena, como siempre lo he deseado y siempre ha luchado mi hermana”, afirmó Benítez, quien manifestó desconocer el paradero actual de su abogado defensor.
Otra situación
Carla da Silva, otra de las ciudadanas que acudió a tribunales este lunes, explicó que su medida cautelar la obliga a presentarse una vez por semana. A diferencia de otros casos, Da Silva ya completó sus chequeos de salud y se encuentra estables junto a su familia, procesando el cambio tras el encierro.
“Ha sido un proceso lento, pero debemos esperar y apenas me estoy adaptando y procesando todo”, señaló Da Silva, destacando que ya se ha adaptado positivamente a la vida fuera de los calabozos, a pesar de la continuidad de las restricciones judiciales.
El impacto económico del traslado y la prohibición de defensa privada
Los testimonios coinciden en el impacto psicológico y económico que conllevan las medidas alternativas a la privación de libertad, especialmente para los residentes del interior del país.
Leomar Guerra, quien permaneció recluido un año y diez días —desde el 4 de agosto de 2025 hasta el 14 de agosto de 2026—, denunció que las autoridades judiciales impidieron que el Foro Penal asumiera su defensa legal hace dos semanas.
Guerra mantiene una restricción de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país. “Realmente ha sido muy abrumador porque todo es como un choque, entré con un sistema económico y estoy saliendo con otro”, reconoció Guerra, al explicar que no ha querido salir de su vivienda por el miedo que le genera el proceso posterior a la prisión.
David Castillo, vinculado judicialmente al caso del magnicidio con drones de 2018 y excarcelado tras pasar dos años, seis meses y quince días en prisión, calificó como tedioso tener que viajar mensualmente desde Barquisimeto hasta Caracas por no tener libertad plena.
“Salimos sin nada porque somos del interior del país, tener que venir cada 30 días genera gastos”, advirtió Castillo, quien urgió a los actores políticos que participan en mesas de negociación a agilizar los procesos tanto de los presos políticos como de los presos comunes con penas cumplidas.
Mervin Simón Vásquez, residente de la península de Araya en el estado Sucre, enfrenta una situación similar. Vásquez pasó un año y tres meses en la cárcel de El Rodeo 1 acusado por supuestos delitos de terrorismo en Plaza Venezuela. La orden judicial emitida este lunes le obliga a presentarse en Caracas cada 30 días, a pesar de la distancia geográfica con su hogar.
“Me indicaron que no tengo que salir del país y tengo que presentarme aquí”, explicó Vásquez, quien además cuestionó que la medida le obligue a viajar mensualmente a Caracas a pesar de que su residencia fija se encuentra en la península de Araya, en el estado Sucre.
Erika Díaz, hija de Yarilys Díaz —detenida en agosto de 2025 por el caso Plaza Venezuela—, cuestionó los términos en los que se discuten las excarcelaciones en los espacios de negociación política, tras confirmarse que su madre continúa sujeta a juicio en el tribunal primero de terrorismo.
Díaz recordó que su familiar pasó cinco meses bajo desaparición forzada en El Rodeo 1 antes de su traslado a La Crisálida. “No tiene sentido cuando estamos hablando de una negociación con presos todavía en sus mazmorras”, sentenció Díaz.
Denuncia sentencia de 6 años
Finalmente, las denuncias en las afueras de los tribunales incluyeron el caso de tres jóvenes pescadores detenidos en Punto Fijo, estado Falcón, quienes recibieron una condena de seis años de prisión tras un juicio donde se les impidió el acceso a defensores privados.
Lisandro Parra, familiar de Rafael Guedez (uno de los condenados), informó que el tribunal negó la solicitud de apelación introducida por los abogados públicos.
Los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 24 y 26 años, fueron detenidos en la orilla de una playa mientras reparaban un vehículo accidentado y posteriormente procesados por delitos de terrorismo, asociación para delinquir y sabotaje eléctrico, utilizando a los funcionarios actuantes como únicos testigos en las actas.
“Si me los estás condenando a seis años es porque no hallaste nada mientras se dio el proceso”, puntualizó Parra.
Efecto Cocuyo
