Desde 2002, el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, problemática que en Venezuela se consolidó en la última década debido a la necesidad de supervivencia familiar frente al deterioro de los ingresos y, al mismo tiempo, como uno de los principales motivos de exclusión educativa. Cada vez que un niño o adolescente deja el aula para incorporarse al mercado laboral, el país pierde oportunidades de desarrollo, movilidad social y construcción de capital humano.
Aunque en el país no existe data oficial sobre este asunto desde hace años, los registros de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello evidencian que la necesidad de trabajar se convirtió progresivamente en causa relevante de desescolarización entre adolescentes.
En 2017, 9% de los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad que estaban fuera del sistema educativo abandonaron los estudios para incorporarse al trabajo. La situación se agravó durante la pandemia y alcanzó su punto más alto en 2021, cuando la cifra subió a 16%.
Aunque en 2025 se observa disminución hasta 12%, el fenómeno sigue teniendo peso determinante y, actualmente, uno de cada ocho adolescentes fuera de la escuela dejó de estudiar para trabajar.
La pobreza transforma a niños y adolescentes en fuerza laboral
Los informes sostienen que los hogares venezolanos han recurrido a la “maximización del aprovechamiento de su fuerza de trabajo” para cubrir necesidades básicas, por lo que niños y adolescentes comienzan a aportar ingresos en edades cada vez más tempranas.
La consecuencia inmediata de esta situación es una doble exclusión. Por un lado, los menores de edad abandonan prematuramente el sistema educativo. Por otro, ingresan a ocupaciones caracterizadas por la informalidad, bajos ingresos y ausencia de protección social.
Los hombres adolescentes, de entre 12 y 17 años de edad, presentan mayor riesgo de abandonar la escuela por trabajo. En 2017, 12% de los varones desescolarizados señaló el trabajo como razón principal para abandonar las clases, frente a solo 4% de las mujeres, mientras que en 2025 el patrón femenino se mantuvo y el masculino aumentó a 19%.
La presión económica se vuelve aún más evidente en el grupo de entre 18 y 24 años de edad. En 2017, 32% de los jóvenes fuera del sistema educativo indicó que el trabajo había motivado su salida del sistema. Aunque el porcentaje descendió ligeramente hasta 29% en 2025, sigue reflejando un fuerte desplazamiento de la educación hacia la actividad económica.
Este comportamiento coincide con el deterioro histórico de la cobertura educativa en educación superior, que en 2025 fue de 22%, y con el aumento de la participación juvenil en empleos precarios.
Agricultura, comercio informal y autoempleo: los principales destinos laborales
Aunque Encovi no presenta una clasificación exclusiva para trabajo infantil, identifica sectores donde tienden a insertarse niños y adolescentes.
Uno de los espacios de mayor incidencia es la agricultura. En hogares en pobreza extrema, 68% de los trabajadores está vinculado con actividades agrícolas, lo que aumenta la posibilidad de incorporación temprana de menores de edad a labores del campo.
El comercio informal aparece como otro de los principales destinos. Ventas ambulantes, pequeños servicios urbanos y actividades de baja productividad forman parte del universo ocupacional al que ingresan jóvenes que abandonan el sistema educativo.
También destacan los llamados servicios elementales, relacionados con limpieza, mantenimiento y tareas de baja calificación. Este sector presenta elevados niveles de pobreza extrema y suele convertirse en puerta de entrada laboral para personas con baja escolaridad.
A ello se suma el fenómeno del trabajo por cuenta propia. Encovi indica que uno de cada dos trabajadores en Venezuela se encuentra autoempleado, condición que para menores de edad suele traducirse en ausencia de contratos, protección social o estabilidad.
El trabajo infantil no puede entenderse únicamente como resultado de bajos ingresos, se trata de un fenómeno multifactorial en el que confluyen inseguridad alimentaria, ausencia de protección social, migración, ruptura del tejido familiar, violencia intrafamiliar y debilidades institucionales. A ello se suma la limitada capacidad de actuación preventiva de organismos encargados de protección infantil.
En Venezuela, aunque existen mecanismos legales, gran parte de la intervención depende de denuncias particulares y no de actuaciones de oficio. Esto deja fuera del radar numerosos casos que permanecen invisibles.
El Nacional
