Acarigua.- La causa judicial del agricultor y dirigente político Víctor Castillo, oriundo del municipio Santa Rosalía del estado Portuguesa, fue remitida al Circuito Judicial Penal del estado Barinas, según denunció el abogado penalista Omar Mora Tosta.
Castillo, coordinador de Vente Venezuela y director del comando de campaña opositor en Santa Rosalía, fue detenido el 28 de abril de 2024 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de la visita de María Corina Machado a Portuguesa.
El abogado indicó que el Tribunal Primero de Juicio con competencia en terrorismo, con jurisdicción en Caracas, comenzó a redistribuir expedientes hacia tribunales ordinarios del interior del país, bajo el argumento de “descongestionar” la carga procesal de esa instancia.
“Hemos sido notificados a través de los mecanismos del Tribunal Primero de Juicio de Terrorismo de que muchas de las causas que reposaban allí fueron solicitadas por la presidencia del Circuito Judicial Penal de Caracas para ser distribuidas en tribunales en el interior del país”, declaró Mora Tosta.
Entre los casos trasladados mencionó el de Víctor Castillo, junto a los expedientes de los dirigentes nacionales de Vente Venezuela Henry Alviarez y Dignora Hernández, también remitidos a Barinas.
Castillo, Alviarez y Hernández permanecieron detenidos en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, y fueron excarcelados en febrero de 2026, tras permanecer casi dos años privado de libertad. Su proceso judicial continúa abierto.
Mora Tosta sostuvo que la redistribución de estas causas evidencia el “desmantelamiento” de la jurisdicción especial de terrorismo, la cual calificó de ilegal por haber sido creada —según afirmó— mediante una resolución del Tribunal Supremo de Justicia y no a través de una ley formal.
“Eso significa que los tribunales de terrorismo durante todo este tiempo han sido tribunales ad hoc, proscritos internacionalmente porque única y exclusivamente su función es juzgar por razones políticas a las personas procesadas”, expresó.
El defensor recordó que inicialmente tribunales ordinarios de Portuguesa y Caracas habían declinado competencia en estos casos, alegando que correspondían a la jurisdicción especial de terrorismo.
“Después de dos años, esas causas no tienen razón de ser y ahora pretenden juzgarlos por delitos comunes”, afirmó.
A juicio del abogado, los procesos deben ser anulados por presuntas violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a las garantías constitucionales de los procesados.
“La única solución que tienen estas causas es la nulidad absoluta, porque violaron el debido proceso, el derecho a la defensa y todo lo que tiene que ver con el Estado de derecho”, indicó.
Mora Tosta aseguró que la defensa acudirá a cada uno de los tribunales donde sean remitidos los expedientes, para exigir el respeto a los derechos de los dirigentes vinculados a Vente Venezuela.
“Son inocentes y nunca debieron estar detenidos. Estos juicios son absolutamente írritos, en virtud del origen ilegal de todos estos tribunales y de la violación sistemática durante todo el proceso de los derechos y garantías procesales y constitucionales de estas personas”, concluyó. (CNP 25.482)
