El Ministerio Público informó este martes 2 de junio, los resultados de la investigación realizada en torno a la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de la exhumación y análisis forense de sus restos, procedimiento que permitió establecer la causa del fallecimiento y confirmar científicamente su identidad.
Quero Navas, de 51 años, fue detenido el 1 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). De acuerdo con las denuncias de sus familiares, su arresto no fue notificado oficialmente y durante más de 16 meses se desconoció su paradero.
Tras su desaparición, su madre, Carmen Teresa Navas, de 83 años, emprendió una intensa búsqueda por distintos centros de reclusión de Caracas, entre ellos la sede de la DGCIM en Boleíta, El Helicoide, el centro de La Yaguara, la Zona 7 de Petare y el Internado Judicial Rodeo I. En todos los organismos recibió negativas o no obtuvo información sobre el destino de su hijo.
De acuerdo con el comunicado oficial, el pasado 8 de mayo de 2026 se llevó a cabo la exhumación y posterior autopsia del cadáver por parte de especialistas adscritos a la Dirección de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público, con el acompañamiento del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), la Defensoría del Pueblo, familiares cercanos de la víctima y su abogado de confianza.
Las autoridades señalaron que los estudios forenses determinaron una data de muerte aproximada de entre 10 meses y un año. Asimismo, la necropsia, junto con análisis histológicos, toxicológicos y otras experticias complementarias, concluyó que el deceso ocurrió como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar.
El Ministerio Público precisó que durante las evaluaciones médicas no se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver. Parte de los análisis contó con el apoyo de establecimientos privados de salud del país.
En cuanto a la identificación de los restos, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), a solicitud de la Fiscalía, realizó una experticia genética mediante el análisis de una muestra de tejido óseo extraída del fémur del cadáver y una muestra sanguínea de Carmen Teresa Navas.
Según el informe oficial, el estudio arrojó una filiación biológica con una probabilidad estadística estimada de 99,496 %, lo que permitió confirmar que los restos exhumados corresponden al hijo biológico de la ciudadana Carmen Teresa Navas.
La confirmación oficial de la muerte se produjo el 7 de mayo de 2026. En ese momento, las autoridades informaron que Quero Navas había fallecido el 24 de julio de 2025 mientras se encontraba bajo custodia del Estado venezolano. Asimismo, justificaron que sus familiares no hubieran sido notificados alegando que el detenido no había suministrado información sobre vínculos filiatorios y que ningún familiar se presentó a solicitar visitas formales durante su reclusión.
“Durante su proceso de reclusión, el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal. En este sentido, el privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025”, señala el texto oficial difundido en ese momento.
El organismo también indicó que durante la investigación se recopilaron múltiples elementos de convicción, entre ellos inspecciones técnicas, fijaciones fotográficas, entrevistas, levantamientos planimétricos, reconstrucciones de los hechos, análisis de registros fílmicos y revisión de la historia clínica relacionada con el caso.
La tragedia familiar se profundizó pocos días después de conocerse la identidad de los restos. Su madre, Carmen Teresa Navas falleció el 17 de mayo de 2026, días después de haber identificado el cuerpo exhumado de su hijo, que había sido enterrado nueve meses antes.
La octogenaria había permanecido hospitalizada durante sus últimos días y alcanzó a participar junto a sus familiares en una misa conmemorativa en honor a Víctor Hugo Quero Navas.
El caso generó amplia atención pública y denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, debido al prolongado período durante el cual los familiares desconocieron el paradero del detenido y a las circunstancias que rodearon su fallecimiento bajo custodia del Estado. (CNP 25.482)
