Acarigua.- Padres y representantes de la Escuela Ángel Rivas Baldwin, en Villa Bruzual, municipio Turén, mantienen tomada la institución desde el miércoles 23 de septiembre para exigir respuestas sobre las condiciones de infraestructura del plantel.
Los representantes denuncian grietas, aberturas y otros daños en al menos ocho aulas, algunos de ellos se hicieron más visibles después del doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela.
La Escuela está ubicada al final de la avenida 1 con calle 2 de Villa Bruzual, junto a la Manga de Coleo.
Los padres aseguran que los problemas de infraestructura ya habían sido reportados por la dirección y el personal de la institución ante organismos como Bomberos y Protección Civil, pero no han recibido respuestas sobre las reparaciones.
“Hemos tomado la decisión de cerrar la institución en vista de que la ciudadana directora con su personal educativo ha hecho denuncias a las entidades, los bomberos, Protección Civil, por los daños de infraestructura ocasionados desde hace varios años y, anexándole a eso, por el terremoto, donde varios salones sufrieron daños. Actualmente no nos han dado respuesta”, señaló uno de los representantes en un video compartido a Portuguesa Reporta.
Los padres y representantes decidieron impedir el funcionamiento del plantel hasta obtener respuestas de los organismos competentes. También solicitaron la presencia del gobernador Antonio Primitivo Cedeño, para conocer qué acciones serán tomadas ante las condiciones denunciadas.
Según los representantes, ocho aulas presentan afectaciones visibles luego de los movimientos sísmicos del 24 de junio. Sin embargo, sostienen que los problemas no se limitan a esos espacios y que la infraestructura general del plantel no reúne las condiciones que consideran necesarias para desarrollar las actividades académicas.
“Exigimos la presencia del ciudadano gobernador para que nos dé respuesta. Tomamos la decisión de cerrar nosotros, los padres y representantes, la institución”, manifestó el representante.
Los representantes mantienen la exigencia de que las autoridades realicen una nueva evaluación de la infraestructura y definan las acciones necesarias para garantizar condiciones seguras para estudiantes, docentes y trabajadores.
Por Mariangel Moro Colmenárez (CNP 25.482)
