Cientos de miles de personas salieron a las calles de Colombia el domingo 21 de abril en la mayor movilización que enfrenta el presidente de izquierda, Gustavo Petro, desde su elección en 2022.
A instancias de organizaciones médicas, de la oposición, de fuerzas políticas centristas y de antiguos aliados que rechazan varias reformas, incluido su plan de nacionalizar los servicios de salud, estos manifestantes también protestaron contra la violencia que continúa a pesar de las negociaciones de paz con los grupos armados.
«Voté por el cambio, por Petro, pero seguimos en la misma situación. Me manifiesto porque creo que Colombia todavía tiene esperanza y amo a mi país», dijo a la AFP Martha Estrada, una jubilada de 64 años, vestida con un sombrero tricolor, en Bogotá.
Aunque el presidente no habló directamente, publicó en X un vídeo de una vieja sátira televisiva, en la que la «clase dominante» protesta.
¡Fuera Petro!
Esta no es la primera manifestación contra el Gobierno de Petro, pero sí la primera de tal escala en todo el país.
En la capital, a pesar de la lluvia, decenas de miles de manifestantes se dirigieron hacia la Plaza Bolívar, cerca de la sede presidencial, constató la AFP.
En Cali en el suroeste, Medellín en el noroeste, Barranquilla en el norte, Bucaramanga en el noreste y otras ciudades, los manifestantes se sumaron al movimiento con banderas colombianas, camisas blancas y un grito unánime: ¡Fuera Petro!
Uno de sus proyectos de reforma, el de salud, dividió al país, cuando el presidente Petro comenzó a implementar varios ejes administrativos a pesar de las dificultades encontradas para obtener el apoyo del Congreso.
Quiebra del sistema sanitario
El presidente quiere reducir la participación del sector privado en la prestación de servicios de salud y, en los últimos días, ha intervenido varias entidades que sirven de intermediarias entre el Estado y los hospitales, con el fin de controlar sus presupuestos.
Los expertos coinciden en que el sistema de salud está en quiebra y es necesario reformarlo, pero algunos se preguntan cómo pretende hacerlo el Gobierno.
Bajo el nombre de «marcha de las batas blancas», algunos médicos expresaron su «inconformidad con la actual gestión del sistema sanitario por parte del gobierno».
Según Invamer, el 56% de los encuestados en abril rechazó que el Gobierno «intervenga en algunas EPS (entidades privadas que administran los recursos públicos de la salud) de Colombia para administrar directamente el sistema».
Según un reciente informe de la Contraloría, la entidad que se encarga de revisar las cuentas públicas, indica que 18 de las 26 EPS que operan en el país han desviado dinero que no ha sido destinado a la atención de salud de la población.
Concretamente, este informe cifra en 9 billones de pesos (unos 2,3 millones de dólares) desviados de las arcas del Estado por estas entidades, solamente en los años 2020 y 2021.
Negociaciones de paz
En diferentes ciudades, los manifestantes portaron pancartas que hacían referencia a la inseguridad y violencia de los rebeldes y narcotraficantes en el campo.
«Este señor protege más a los matones de la guerrilla que a la gente buena de este país (…) Es hora de unirnos para que entienda que no somos nosotros los poderosos, sino todo el pueblo, la clase media trabajadora, que necesitan un cambio”, dijo Betty Ospina, una manifestante de 67 años.
La ambiciosa política de «paz total» del Gobierno, que pretende desactivar seis décadas de conflicto armado, está sufriendo reveses.
Sus críticos rechazan las concesiones obtenidas por los grupos armados en las negociaciones de paz, a pesar de las frecuentes violaciones del acuerdo y pocas señales de voluntad de deponer las armas.
Las negociaciones con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han atravesado varias crisis debido a asesinatos, secuestros y ataques a fuerzas de seguridad.
El 70% de los colombianos cree que la situación del país está «empeorando», según Invamer.
Gustavo Petro llegó al poder en agosto de 2022, convirtiéndose en el primer hombre de izquierdas en gobernar un país tradicionalmente gobernado por élites conservadoras.
Con una tasa de desaprobación del 60%, según el instituto de encuestas Invamer, el presidente ha perdido gran parte del apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y en las calles.
Con AFP
