El aumento de la trata de personas en Venezuela preocupa a las autoridades, a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a agrupaciones de derechos humanos que han sumado esfuerzos contra este flagelo, que se diversifica con el tiempo y deja cada vez más víctimas, especialmente mujeres en zonas fronterizas.
El gobierno sabe que el delito gana terreno, y por ello creó en julio de 2021 un consejo presidencial para combatirlo, pero, dos años después, la ONU ha criticado el retraso en la publicación de un plan nacional para desacelerar, entre otros riesgos, la rapidez con la que esclavistas modernos captan a niñas para la explotación sexual.
El Día Mundial Contra la Trata de Personas se conmemorará este 30 de julio sin que Venezuela haya publicado los ocho informes sobre el tema que el Ejecutivo debería haber presentado en los últimos dos años, por lo que no hay números exactos para cuantificar las víctimas.
Pese a la ausencia de datos oficiales, existe el convencimiento colectivo de que este delito atrapa cada día a más venezolanos que viven en la pobreza.
Un grupo de ONG locales y extranjeras y dos agencias de Naciones Unidas, «dando importancia al aumento del fenómeno de la trata» y «viendo la necesidad de coordinar el trabajo en esta materia», crearon una estrategia para hacer frente al tráfico de migrantes, ofertas engañosas de empleo, la explotación sexual y todas las prácticas ideadas por los tratantes.
Integrantes del grupo explicaron a EFE que conocen casos de personas que dejan Venezuela «zarpando en embarcaciones» hacia países vecinos (Trinidad y Tobago, Aruba, Bonaire y Curazao), donde son esclavizadas, casi siempre por proxenetas que captan a sus víctimas en varias regiones del país.
«Las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas continúan siendo el grupo más vulnerable, con fines de explotación sexual», sostienen las organizaciones de ayuda, tras recordar que no cuentan con «números oficiales» sobre la prevalencia del delito, si bien alertan del «fuerte aumento» del número de niños migrantes solos, que corren más riesgo de ser víctimas.
La ONG Cáritas, que tiene casas de paso en el estado Sucre, indicó a EFE que recibe frecuentemente a grupos de venezolanas deportadas de Trinidad y Tobago, muchas de ellas «heridas» o «embarazadas» luego de meses de explotación sexual en el país insular, ubicado a unos 100 kilómetros de distancia, al que habían partido en búsqueda de mejoras económicas.
Además, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ha llamado la atención sobre el aumento de estos casos en zonas del sur dedicadas a la minería ilegal, fronterizas con Brasil y Colombia, por lo que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) pidió al Estado «combatir» esta situación e «investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud».
Actuación inconstitucional
Uno de los reclamos de la ONU al país es una ley «específica y exhaustiva», algo que el oficialismo intenta resolver desde dos comisiones del Parlamento, en las que trabajan en una legislatura que entienda el tema como un problema asociado a la migración.
Gobiernos y organizaciones humanitarias estiman que unos 7 millones de venezolanos han dejado su país desde 2015, lo que representa constantes y crecientes movimientos fronterizos, en su mayoría por vía terrestre, que han creado un caldo de cultivo para traficantes de personas que se aprovechan de la necesidad de los migrantes para engañarlos y atraparlos en redes de trata.
Por ello, el Ejecutivo intenta frenar la emigración masiva, apoyado por la leve recuperación económica, mientras que las instituciones del Estado se han aliado con Naciones Unidas para establecer manuales de prevención y acción frente al delito.
Uno de esos actores es la Fiscalía, que últimamente ha reportado el desmantelamiento de algunas redes de trata, pero que en números brutos -nueve detenidos en los últimos dos meses- se queda corta ante el aluvión de casos que registran ONG, según los cuales en 2022 hubo miles de víctimas y la situación ha empeorado.
A mediados de 2021, el Gobierno publicó su plan nacional contra la trata de personas que incluye a 11 ministerios y al Tribunal Supremo de Justicia, entre otras instituciones, y se comprometió a sumar esfuerzos para esta cruzada, pero quienes trabajan a favor de las víctimas insisten en que hace falta más.
EFE
