Acarigua.- Las denuncias realizadas por habitantes y productores de San Rafael de Onoto contra funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía del estado Portuguesa generaron las primeras medidas de las autoridades, entre ellas una investigación contra los efectivos involucrados en un procedimiento donde resultaron heridos dos adolescentes y el cambio del comandante de la estación policial municipal.
La actuación se produjo luego de la asamblea ciudadana donde la comunidad expusó una serie de excesos y abusos policiales. Uno de los hechos, se registró el domingo 9 de agosto en el sector Tejerías, donde dos adolescentes de 17 años resultaron heridos durante una persecución protagonizada, según denunciaron familiares y vecinos, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El redes sociales, el comisario Óscar Pacheco, director de la REDIP Los Llanos, precisó que fue activada la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales (ORDP), instancia que inició una investigación contra los funcionarios actuantes.
De acuerdo con el reporte difundido por la institución policial, los efectivos involucrados fueron separados de sus cargos mientras avanza el proceso y las investigaciones.
Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente la identidad ni el número de funcionarios sometidos a investigación.
Cambian al comandante policial del municipio
Como parte de las medidas adoptadas, también se ordenó el cambio del comandante de la estación policial municipal de San Rafael de Onoto.
Según informó la institución, la medida busca “renovar la gestión de seguridad en la localidad y garantizar que las actuaciones policiales se ajusten a los principios de respeto a los derechos humanos y a la protección integral de los ciudadanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes”.
El anuncio ocurre pocos días después del cabildo abierto realizado en el sector Banco Obrero, donde más de 1.000 habitantes, productores y comerciantes expusieron ante autoridades civiles, policiales y militares distintas denuncias contra funcionarios de seguridad.
Productores denunciaron presuntas extorsiones
Durante el cabildo, los agricultores no solo reclamaron por el procedimiento contra los adolescentes. También denunciaron presuntos cobros ilegales, retenciones y obstáculos para movilizar combustible, maquinaria e insumos agrícolas.
Johan Rivero, productor del Sistema de Riego Las Majaguas, afirmó durante la asamblea que algunos trabajadores del campo serían víctimas de presuntas “vacunas”.
“Lamentablemente aquí se creó un vicio negativo con las motos. Aquí todos los días son 10 y 15 motos. Para nadie es un secreto que son 10 y 15 dólares. No puede ser que a un productor tú lo agarras con una motosierra en su finca y lo vacunen con 500 y 200 dólares”, denunció.
Rivero aseguró tener pruebas sobre estos hechos y sostuvo que muchos productores no se atreven a denunciar por temor.
“A la gente le da miedo, pero ya está bueno”, expresó ante las autoridades presentes.
Otro de los casos denunciados fue la detención de un agricultor que transportaba 600 litros de gasoil, situación que los productores calificaron como un atropello contra un trabajador del campo.
Admar Mascareño también expuso presuntas retenciones de maquinaria y dificultades para trasladar combustible, semillas y otros insumos necesarios para las labores agrícolas.
Sin respuesta sobre las denuncias de los agricultores
Aunque las autoridades anunciaron la investigación relacionada con el procedimiento contra los adolescentes y el cambio del comandante policial, hasta ahora no se ha informado sobre acciones específicas respecto a las denuncias de presuntas extorsiones y otros atropellos formuladas públicamente por los productores durante el cabildo.
El caso de los adolescentes fue puesto a la orden del Ministerio Público, organismo que continuará las investigaciones para determinar las responsabilidades legales a que haya lugar.
Los productores, por su parte, esperan que las denuncias formuladas durante el cabildo también sean investigadas y que las nuevas autoridades policiales garanticen condiciones para que agricultores y habitantes puedan desarrollar sus actividades sin temor a nuevos abusos o cobros ilegales. (CNP 25.482)
