Luego del revuelo surgido por la relación familiar de Karim Khan y la abogada defensora del gobierno de Nicolás Maduro, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) aseguró este lunes 9 de septiembre que trabaja activamente de forma imparcial para lograr la rendición de cuentas por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
«La Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela», señaló la Fiscalía de la CPI en una comunicación enviada a periodistas.
La oficina de Khan reiteró que la investigación sobre Venezuela, iniciada en noviembre de 2021 por crímenes de lesa humanidad cometidos, al menos, desde el año 2014, se encuentra ahora activa y en curso. Esto luego de que la Sala de Cuestiones Preliminares rechazara la apelación del régimen de Nicolás Maduro que pretendía suspender la investigación.
Fiscalía de la CPI analiza denuncias tras las elecciones en Venezuela
«Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y confirma que está analizando de forma independiente e imparcial la información que se le transmite sobre las denuncias de crímenes que pueden ser de la competencia de la Corte», agregó la oficina.
Además, la Fiscalía reveló que ha realizado gestiones diplomáticas al más alto nivel ante el régimen de Maduro «para subrayar la importancia de garantizar que se respete el estado de derecho en el momento actual y hacer hincapié en que todas las personas deben estar protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma».
La declaración de la Fiscalía de la CPI se produce luego de la polémica generada por una publicación del diario The Washington Post que informaba sobre posibles conflictos de intereses del fiscal Khan, luego de que se conociera que su cuñada Venkateswari Alagendra es abogada defensora de Maduro en este caso.
El medio recordó que hay «un código de conducta para la oficina del fiscal, que ordena a sus miembros abstenerse de cualquier conflicto que pueda surgir de interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar cercana, personal o profesional con cualquiera de las partes».
