El Parlamento de Venezuela, con mayoría chavista, aprobó este martes en primera discusión la reforma de la ley contra el odio para despenalizar y establecer sanciones administrativas o multas a quienes incurran en estas faltas, tras una petición hecha a finales de septiembre por la vicepresidenta ejecutiva del país suramericano, Delcy Rodríguez.
La reforma a la norma, -aprobada en 2017 y criticada como herramienta de persecución contra opositores-, busca “eliminar las penas de prisión sustituyéndolas por multas y trabajo comunitario, establecer procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norma”, dijo el primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante, al presentar el proyecto.
También pretende “fijar sanciones y exhortaciones administrativas a los medios de comunicación eliminando expresamente la revocación de concesiones”, así como “prevenir los mensajes de odio en redes sociales, sancionando con multas a quienes incumplan esto” y “exhortando además a todas las organizaciones políticas a promover la convivencia democrática y la paz con responsabilidad”, continuó.
La reforma fue aprobada con el voto en contra de algunas facciones opositoras que piden su derogación al considerar que esta norma viola los derechos humanos y las garantías constitucionales.
“Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia”, dijo la diputada opositora Amelia Belisario, en representación de la bancada opositora Libertad.
Aunque no han sido difundidos ni presentados los artículos de reforma, Belisario dijo que las sanciones administrativas quedarían en manos del Ministerio de Interior, el “mismo que mal aplicó la norma y el mismo que acumula múltiples denuncias por violación de derechos humanos”.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que el chavismo está empeñado en que esta reforma de ley no se instrumentalice para “la persecución de nadie”.
“Pero yo me pregunto ustedes (opositores) lograron derogar el odio que se anida en algunos de sus corazones, ¿lo lograron? (…) Ojalá no necesitáramos una ley de convivencia, pero la necesitamos, es imprescindible, para seguir avanzando en este proceso, porque si no, llegará el momento en que reaperezca alguien y diga que no le tiene miedo a la guerra civil y cuántas veces no hemos estado en ese riesgo”, añadió.
La propuesta de reforma de esta ley llegó en medio del conjunto de cambios que intenta implementar Delcy Rodríguez, luego de la captura en Caracas de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de Estados Unidos.
La mandataria sostuvo que la normal fue “mal aplicada”.
La ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados ‘delitos de odio’ y ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos.
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de esta norma, en 2017, según datos difundidos el pasado miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
El Nacional
