Los Llanos.- Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre la presencia de grupos armados y las consecuencias de la violencia en comunidades indígenas de la zona fronteriza entre los estados Bolívar y Apure. Las denuncias incluyen reportes de presuntos enfrentamientos, presiones contra pobladores, desplazamiento forzado y la interrupción de actividades educativas.
El coordinador de FundaRedes en Apure, Juan Francisco García, denunció este sábado 31 de octubre que desde hace varios días recibe testimonios de pobladores indígenas sobre presuntos enfrentamientos en la zona de Los Pijiguaos, estado Bolívar, y en sectores cercanos al Paso del Burro, en el entorno de los ríos Meta y Orinoco, en la frontera fluvial entre Bolívar y Apure y con Colombia.
De acuerdo con los reportes que recibió, indicó que los hechos estarían relacionados con disputas por el control de áreas de explotación de bauxita y coltán. García también informó que este viernes 30 de octubre el Ejército venezolano habría atacado un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector Buena Vista del Meta.
En un reporte compartido en su cuenta de X, el coordinador de FundaRedes afirmó que durante años ha advertido sobre la presunta presencia de grupos armados irregulares en esta región. Según los testimonios que ha recopilado, estas zonas serían utilizadas como retaguardia y puntos de acopio de drogas.
«Los organismos y agencias internacionales conocen a profundidad, en multiplicidad de informes, lo que ocurre en Apure», precisó García.
El activista también denunció presiones contra habitantes de San Rafael, municipio San Fernando, y de El Terrón, en Arichuna. Agregó que ha recibido reportes de los sectores Capanaparo, Achaguas y Quintero, en el municipio Muñoz, donde, según los testimonios, se utilizarían hatos expropiados para actividades vinculadas con el narcotráfico.
Las denuncias también abarcan el municipio Rómulo Gallegos, particularmente Elorza, y el municipio Páez, con referencias a Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula.
Reportan nueve muertos tras presunto ataque militar
Al ser consultado por El Pitazo, García indicó que, de acuerdo con información preliminar que recibió sobre el presunto ataque al campamento del ELN, nueve personas habrían muerto. Precisó que los cuerpos ingresaron a la morgue del Cicpc en San Fernando de Apure, donde una comisión de ese organismo estaría realizando los procedimientos forenses. No se precisaron las identidades de las víctimas.
El coordinador de FundaRedes agregó que otros cuerpos permanecerían en la zona del conflicto y que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Cicpc se encontraban en el lugar para realizar los procedimientos correspondientes y levantar los restos.
García señaló, además, que habitantes de Puerto Páez, parroquia Codazzi del municipio Pedro Camejo, le comunicaron sobre documentos, como cédulas de identidad y licencias de conducir, encontrados en la zona, con nombres de personas que podrían estar relacionadas con los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de las víctimas ni su vinculación con el presunto enfrentamiento.
Cecodap alerta sobre desplazamiento de niños y docentes
A las denuncias sobre la situación de seguridad en la región se sumó la del coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, quien alertó sobre la toma de una escuela de Fe y Alegría por parte de un grupo armado en el estado Bolívar. Según denunció, la presencia de estos sujetos obligó a niños, sus familias y docentes a desplazarse de manera forzada de la comunidad de La Batea, por razones de seguridad.
Trapani hizo la alerta en su cuenta de X, al hacerse eco de una información compartida previamente por el periodista ambiental Fritz Sánchez, el pasado 28 de octubre.
«Esto tiene una dimensión especial. Fe y Alegría mantiene desde hace años presencia educativa en comunidades indígenas de Los Pijiguaos y Las Bateas forma parte de esa red. No hablamos solo de un edificio: hablamos de un espacio construido para garantizar educación y acompañamiento a niños de una comunidad indígena», destacó.
El coordinador de Cecodap añadió que la irrupción del grupo no solo interrumpe las clases, sino que también «genera miedo, se debilita el vínculo con los maestros y se pierde uno de los principales espacios cotidianos de protección de la niñez».
Reportan presencia militar en Puerto Páez y Guasdualito
A las denuncias sobre los enfrentamientos se suman reportes de una fuerte presencia de funcionarios de la FANB en Puerto Páez, municipio Pedro Camejo. También se reporta un despliegue militar en Guasdualito, municipio Páez, que estaría relacionado con los asesinatos de dos comerciantes.
Joel Vargas fue asesinado el 20 de octubre en la avenida Miranda, frente a la catedral de Guasdualito. Cleiver Carvajal, de 27 años, fue asesinado el 27 de octubre, cuando recibió varios disparos entre las calles Arismendi y Cedeño.
García advirtió que existe temor y presión sobre comunidades de distintas zonas de Apure. Por ello, insistió en la necesidad de proteger a la población civil y garantizar condiciones para que los habitantes puedan denunciar sin exponerse a represalias.
El coordinador de FundaRedes pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, identificar a las personas fallecidas mediante procedimientos forenses verificables y notificar a sus familiares.
«Las comunidades de Apure merecen una explicación pública sobre estas denuncias, las operaciones militares reportadas y las medidas que se adoptarán para garantizar su seguridad», expresó.
