Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobaron este viernes 11 la continuación de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, así como la continuación del mandato sobre la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos para que revisen la situación sobre el país.
Aprobada con 23 votos a favor, esta es la tercera renovación del mandato de este mecanismo especial y de la Oficina del Alto Comisionado para que revisen, desde diferentes perspectivas, las «graves vulneraciones» de derechos humanos en el país, como lo expresaron los Estados proponentes.
La Misión de Determinación fue encomendada a continuar la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, al igual que violencia sexual y de género cometidos desde 2014. Se solicitó además un «enfoque particular» en la situación «antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024, y en la violencia perpetrada por individuos armados conocidos como colectivos».
En el caso de la Oficina del Alto Comisionado, se pidió que continúe el monitoreo, información y la cooperación técnica «con miras a mejorar la situación de los derechos humanos» en el país. También se solicitó que «continúe sus esfuerzos» para la protección de migrantes y refugiados.
Paraguay, que formó parte del grupo de países que impulsó la resolución dentro de la ONU, dijo que el documento presentado al Consejo pone de manifiesto los «niveles intolerables con la creciente vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales tras las elecciones del 28 de julio cuyas actas, por cierto, no han aparecido».
«En Venezuela no hubo avances, hubo retrocesos», dijo el representante de Paraguay sobre la situación del país, en comparación a 2022. Recordó que la población «no tiene acceso a recursos para exigir y recibir justicia, reparaciones y rendición de cuentas».
También calificó la crisis venezolana como una de las «situaciones más críticas de vulneración de derechos humanos en los últimos años» que ha enfrentado la región.
Argentina y Alemania rechazaron una enmienda de Rusia para eliminar el mandato y las actualizaciones de la Oficina del Alto Comisionado Volker Türk sobre Venezuela. Defendieron que ambos mandatos «son complementarios».
En particular, la representación argentina señaló que «las actualizaciones del Alto Comisionado son herramientas fundamentales para recibir información actualizada y clara sobre la evolución de la situación de los derechos humanos en el país», al igual que evita «desatender esta importante situación durante períodos prolongados».
En respuesta a una enmienda propuesta por Cuba y un grupo de países para incluir el impacto de las medidas coercitivas, la representación de Chile en la ONU indicó que se agregó un párrafo dejando en claro que la crisis venezolana es «multidimensional» y no responde solo a las medidas coercitivas unilaterales.
«Ninguna sanción a la que esté sujeto el gobierno de Venezuela o alguno de sus líderes podrá justificar los actos de tortura y la violencia sexual, ninguna sanción es un fundamento habilitante para detener injustificadamente a opositores políticos, la sanciones nada tienen que ver con las muertes en el contexto de protestas, ninguna sanción podrá justificar nunca el ambiente de miedo, represión y persecución en el que vive hoy el pueblo venezolano», aseguró Chile.
El embajador venezolano ante el sistema de Naciones Unidas, Alexander Yánez Deleuze, rechazó este nuevo «mandato impuesto», pues aseguró que responde a «criterios selectivos, politizados y de doble estándar. Insisten en convertir este Consejo en un mecanismo de chantaje, una nueva Inquisición contra los pueblos del sur global».
Yánez dijo que los 94% de los copatrocinadores de esta resolución «reconocieron el fantasioso gobierno interino, sin actas y sin ninguna votación ¿Queda alguna duda de lo fantasioso de este documento?»
Cuestionó además el «silencio o complicidad» de todos estos países con el «genocidio» en Palestina por parte de Israel.
También criticó la cantidad de dinero aprobada para ambos mandatos. Según el embajador, se dispondrán de «8.995.500 dólares (…) Este documento injerencista suponen un gasto diario de más de 12.000 dólares. ¿Hasta cuándo este Consejo permitirá que se gaste el dinero en mandatos politizados?».
Dijo además de que «votar en contra de este documento político es una injusticia contra los pueblos del sur global»
Un funcionario de la Oficina del Alto Comisionado respondió a la cuestión sobre el costo de su mandato, y dijo que el dinero dispuesto estaría alrededor de los 190.300 dólares. La representación de Argentina dijo que «nosotros estamos preocupados, pero por los costos de la vida de los venezolanos a quienes les fue afectado severamente su propia vida y sus derechos humanos».
El representante de Cuba aseveró que esto es un «ensañamiento contra un país que no se ha puesto ni se pondrá de rodillas ante el imperio»
Criticó que en los próximos dos años se produzcan 10 informes y ocho diálogos interactivos sobre la situación venezolana. También increpó a los integrantes de la Misión de la ONU de tener una «vergonzosa complicidad con la mentira y su escandalosa e inaceptable pretensión de arrogarse funciones de un tribunal internacional».
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