Acarigua.- Más de 230 casos de presos políticos han sido documentados en los últimos 12 años en el estado Portuguesa por la organización Foro Penal, que actualmente mantiene activas jornadas de asesoría y acompañamiento jurídico en el marco de la Ley de Amnistía, dirigidas a familiares de detenidos, exprivados de libertad y personas sometidas a procesos por razones políticas.
El coordinador de la organización en la entidad, José Jesús Torres Leal, junto a los abogados defensores Eusebio Giménez y Sara Menoni, además del equipo de Defensores Activos, sostuvo un encuentro con familiares de presos políticos de la región y con exprivados de libertad recientemente excarcelados.
Durante la jornada se ofreció orientación sobre los trámites necesarios para solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía, así como asesoría relacionada con el cese de medidas cautelares, levantamiento de medidas de coerción y eliminación de antecedentes penales.
“Desde el Foro Penal continuamos informando sobre estas jornadas de acompañamiento y asesoría”, expresó Torres Leal, al reiterar que la organización mantiene abiertas sus puertas para quienes requieran apoyo jurídico en casos vinculados a persecución política.
Más de una década
A nivel nacional, los abogados del Foro Penal—quienes ejercen su labor de manera pro bono— han brindado asistencia a miles de personas detenidas arbitrariamente y han acompañado procesos que han derivado en la excarcelación de más de 14.000 ciudadanos en todo el país.
Torres Leal precisó que actualmente solo queda un civil recluido en el Destacamento 312 de la Guardia Nacional Bolivariana, en la ciudad de Araure, cuyo caso fue reportado por sus familiares ante la organización.
No obstante, indicó que existe una importante cifra de militares considerados presos políticos, cuyos expedientes también han sido atendidos por el equipo jurídico y por quienes continúan solicitando su liberación inmediata y la revisión de sus procesos.
La organización reiteró su disposición de seguir acompañando a las víctimas en Portuguesa que aún esperan ser beneficiadas por la Ley de Amnistía, insistiendo en la necesidad de garantizar justicia, reparación y el pleno respeto a los derechos fundamentales. (CNP 25.482)
