El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, demandó transparencia a las autoridades venezolanas sobre el bombardeo del Ejército contra campamentos de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), operación de la que han podido confirmar hasta el momento 9 muertes.
Los ataques se habrían producido el pasado viernes 30 de octubre como lo denunció este sábado el coordinador del Observatorio Fronterizo de Defensa de los Derechos Humanos de esta organización no gubernamental en Apure, Juan Francisco García.
Tarazona, en un video en su cuenta de la red social X (antes Twitter), dijo que los activistas en el terreno han podido documentar el fallecimiento de nueve personas, que se creen son miembros de esta guerrilla con amplia presencia en el territorio venezolano como lo ha denunciado Fundaredes en los últimos años.
«Nuestra aspiración es que no impere la opacidad, nuestra exigencia de transparencia, queremos saber el número de fallecidos y el alcance de estas operaciones militares», aseguró el activista que estuvo preso más de dos años por sus denuncias sobre la presencia de la guerrilla en Venezuela y la connivencia con las autoridades nacionales.
Fundaredes confirma nueve cadáveres por bombardeo
Reiteró lo que García había denunciado un día antes: el traslado de nueve cadáveres del lugar del bombardeo, en el sector Buena Vista del Meta del municipio Pedro Camejo, hasta la capital de esa entidad, San Fernando de Apure.
«Se esperan otros cadáveres que han sido finalmente víctimas de este enfrentamiento en territorio venezolano», agregó Tarazona. Su coordinador en Apure dijo este sábado que había 10 cuerpos en el lugar de los ataques, que se ubica muy cerca de Colombia, en la parroquia Agustín Codazzi de Pedro Camejo.
De acuerdo con el centro de pensamiento contra el crimen organizado Insight Crime, en Venezuela el ELN mantiene presencia en 8 estados, tanto en los fronterizos con Colombia (Apure, Amazonas, Táchira y Zulia), pero también expandió sus operaciones a otras regiones como Anzoátegui (oriente), Guárico (llanos centrales) y Bolívar (sur).
Enfrentamientos previos en Bolívar
En esta última región, Tarazona recordó que en esta misma semana se han registrado enfrentamientos en varias localidades, entre las que mencionó Los Pijiguaos, el paso del Burro y las periferias de los ríos Orinoco y Meta. Otra ONG, Cecodap se hizo eco de la denuncia de un periodista ambiental sobre la toma de una escuela de Fe y Alegría en la primera de estas zonas por parte de un grupo armado irregular que se cree sea el ELN.
«La frontera demanda una política pública fronteriza, la frontera demanda atención urgente. Hoy en la frontera venezolana no tenemos una presencia en materia de seguridad, de educación, de salud, sencillamente impera el caos, es territorio de nadie», lamentó Tarazona.
Otro activista de derechos humanos, el coordinador de la ONG Provea, Oscar Murillo, se pronunció sobre el tema para hacer las interrogantes que rondan en el país desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero: «¿Qué futuro depararía a la relación histórica y, en algún momento, de fuerte imbricación ideológica entre el ELN y el gobierno venezolano después de la captura de Maduro?».
Recordó que en agosto pasado ante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación de que el enfoque del Estado venezolano no solo debe centrarse en la seguridad en la zona fronteriza.
«Pero el tema no solo tiene, ni debe, tener un único enfoque de seguridad. En Provea advertimos, en una audiencia ante la CIDH en agosto pasado, que la transformación de esta realidad requiere pasar de una respuesta centrada exclusivamente en la seguridad a una estrategia de desarrollo territorial sostenible que reconstruya los ecosistemas comunitarios de protección», explicó en X este 31 de octubre.
El Pitazo
