En manos de 12 estadounidenses, siete hombres y cinco mujeres, está el desenlace sobre el primer juicio penal contra un expresidente en la historia de Estados Unidos.
Las deliberaciones sobre sus conclusiones están en marcha este miércoles 29 de mayo, luego de que el martes terminara la fase de alegatos finales, tanto de la defensa, como de los fiscales. Todo después de seis semanas de juicio y la declaración de más de 20 testigos.
Trump espera el veredicto a puerta cerrada, en una sala del juzgado en Manhattan.
Desde allí, el exjefe de Estado continuó haciendo una serie de publicaciones en su plataforma Truth Social, citando los comentarios de abogados y políticos que ven el caso a su favor.
Previo a esta sesión, y como ha sido habitual en las últimas semanas, el expresidente entregó algunas declaraciones ante la prensa, en las que reiteró su inocencia, insistió en que se trata de un caso con motivaciones políticas, en un intento por afectar su campaña electoral, de cara a los comicios que reeditarán la competencia Trump-Biden por la Presidencia.
“La Madre Teresa no podría vencer estos cargos (…) Lo que está sucediendo aquí es un nivel de armamento que nadie ha visto antes y no debería permitirse que suceda», aseguró Trump, al remarcar que se trata, afirma, de un caso amañado por la Administración de Joe Biden por ser el principal oponente del mandatario en las urnas. Y nuevamente acusó al juez a cargo del caso, Juan Merchán, de tener un supuesto conflicto de intereses.
Las deliberaciones se desarrollan en secreto
Los jurados debaten en una sala de la corte reservada específicamente para ellos.
Entretanto, pueden comunicarse con el tribunal a través de notas que solicitan al juez, por ejemplo, orientación legal o que les lean extractos concretos de testimonios.
Los 12 ciudadanos elegidos para concluir sobre el caso evalúan los 34 cargos contra Trump por presunta falsificación de registros comerciales.
Son múltiples los elementos que deben someter a consideración, por lo que es incierto el tiempo que pueden tomar sus deliberaciones y tampoco hay límite de tiempo para hacerlo.
No obstante, la prensa local reporta que es probable obtener una respuesta esta semana.
Para llegar a un veredicto sobre cualquier cargo determinado –ya sea que lo consideren culpable o inocente–, los 12 miembros deben estar de acuerdo con la decisión para que el juez la acepte.
El panorama podría tornarse más complicado si el jurado no logra llegar a un consenso después de varios días de deliberaciones. Ante ese eventual escenario, los abogados de la defensa podrían solicitar la anulación inmediata del juicio, pero es probable que Merchán convoque a los jurados y les pida seguir deliberando hasta que obtengan un fallo.
Si después de esa instrucción el jurado aún no llega a un veredicto, el juez tendría la opción de considerar que el panel está irremediablemente estancado y declarar el juicio nulo.
¿En qué se basa el llamado caso ‘Stormy Daniels’?
La causa se centra en el pago de 130.00 dólares a la actriz porno Stephanie Clifford, conocida como ‘Stormy Daniels’, durante la campaña presidencial de 2016 –que llevó a Trump al Ejecutivo– para comprar su silencio sobre un encuentro sexual que habrían tenido una década antes, algo que el líder republicano siempre ha negado.
La parte acusadora lo señala de falsificación de documentos comerciales, lo que normalmente sería un delito menor según la ley de Nueva York.
Pero los investigadores de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, elevaron esos cargos a delitos graves al señalar que Trump falsificó esos registros con el objetivo de encubrir el pago a Daniels, lo que, según afirman, equivaldría a una contribución ilegal de campaña y subvertir la ley electoral.
El dinero habría sido entregado por su entonces abogado, Michael Cohen, que testificó en el juicio y quien afirmó que él pagó con sus fondos, que después le fueron regresados por Trump tras ganar las elecciones.
Los fiscales alegan que, como parte del plan, el exmandatario presentó falsamente los reembolsos a Cohen de los 130.000 con cheques mensuales por servicios legales continuos, pagados durante el primer año de su Presidencia.
Con AP y medios locales
