La incorporación de 774 nuevos agentes a la Fuerza Pública fue el escenario elegido por el presidente José Raúl Mulino para ratificar una política de confrontación con el narcotráfico y las pandillas en Panamá.
En su discurso el mandatario defendió las detenciones, el aislamiento y el uso de la fuerza dentro de la ley. Durante la graduación de la promoción 103 de la Fuerza Pública, el mandatario planteó una disputa directa entre el Estado y las organizaciones criminales.
“O son los narcos o somos nosotros”, afirmó, al tiempo que aseguró que el crimen organizado no impondrá su agenda en Panamá
El presidente sostuvo que las instituciones panameñas requieren más capacidad técnica y operativa para enfrentar a las redes delictivas.
También ubicó ese desafío dentro de una coordinación con otros países de la región, entre ellos México, Colombia, República Dominicana.
Panamá, en su opinión, busca combatir a las pandillas y al narcotráfico sin condicionamientos ideológicos, mediante el trabajo de sus organismos de seguridad y una política que priorice la protección de la ciudadanía.
El mandatario no precisó si su planteamiento contempla reformas a las normas penales o de seguridad.
“Con orgullo, pertenecemos a un grupo de países que enfrentan con firmeza el delito, porque sabemos que esta lucha no podemos librarla solos”, al agregar que esa decisión responde a “una razón de supervivencia”.
Insistió en que las autoridades no deben abrir canales de diálogo con las pandillas. “A las pandillas no se les gana negociando ni se les vence abriendo espacios de diálogo”, manifestó.
El jefe de Estado detalló la respuesta que propone contra esos grupos, señalando que “se les combate con la fuerza, con detenciones de acuerdo con la ley, con aislamiento y con la determinación de un Estado que no está dispuesto a retroceder”.
“Los casos exitosos como El Salvador no se basaron en tratar a los presos como víctimas, sino en hacer cumplir la ley con rigurosidad y firmeza”, sostuvo.
Mulino volvió sobre esa idea al describir la relación entre el Estado y las estructuras criminales. “Repito, al final, la realidad es una sola: son ellos o somos nosotros”, señaló.
En su discurso, afirmó que una porción minoritaria de la población tiene vínculos con actividades de narcotráfico, esto sin explicar el origen ni la metodología detrás de esa estimación. “Ese 2% de personas vinculadas a la narcoactividad no va a imponerle su agenda al resto del país”, aseguró.
El presidente también sostuvo que existe una disputa por la autoridad dentro de la sociedad panameña. “Sé muy bien que hoy existe una disputa por quién manda”, expresó.
Según dijo, los grupos criminales pretenden extender su influencia más allá de sus actividades ilegales. “Los delincuentes quieren imponer su poder sobre la sociedad y eso no pasará”, afirmó.
El mandatario vinculó esa disputa con acciones que, según manifestó, buscan cuestionar la respuesta oficial. Mencionó el uso de redes sociales y campañas destinadas a desacreditar las medidas estatales contra el narcotráfico y las pandillas.
“Todos, más allá de cualquier diferencia ideológica, compartimos un objetivo: frenar el narcotráfico, a las pandillas y al poder que ejercen”, sostuvo.
Defendió el envío a Coiba de presuntos delincuentes de alto perfil y cuestionó las objeciones surgidas tras esa medida. Presentó ese episodio como una muestra de las resistencias que enfrenta su estrategia.
A finales de agosto la administración Mulino envió a Coiba a varios exfuncionarios, entre ellos al exalcalde de la provincia de Colón, Alex Lee, del partido Revolucionario Democrático, investigado por presunto peculado doloso agravado y quien cumplía medida cautelar de detención provisional en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza.
Infobae
