El expresidente boliviano Evo Morales denunció públicamente que el Gobierno nacional ha emprendido una estrategia de persecución judicial en su contra con el objetivo de desviar la atención pública de la coyuntura económica y social que atraviesa el país.
Las declaraciones del líder político se producen tras ser acusado formalmente por el Ejecutivo del supuesto delito de alzamiento armado, señalándolo como el principal promotor de las recientes protestas y huelgas sociales.
“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, manifestó Morales a través de un pronunciamiento público.
El exmandatario enfatizó que el origen de la conflictividad social no responde a maniobras políticas, sino al deterioro progresivo de las condiciones de vida de la población. Entre los problemas prioritarios citó la creciente escasez de combustible, el aumento constante del costo de la canasta básica y el deterioro de la seguridad ciudadana.
Morales cuestionó el uso del aparato de justicia para abordar demandas ciudadanas y tildó las acciones legales de maniobra mediática: “Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intento desviar la atención con un nuevo titular”, aseveró.
Finalmente, el dirigente reiteró su intención de mantenerse movilizado y acompañar las reclamaciones de los sectores populares, asegurando que la nación requiere una rectificación en la conducción del Estado. “Bolivia merece un camino distinto”, concluyó el expresidente, ratificando su presencia activa en el panorama político nacional.
EFE
