La Fiscalía General de la República de México informó este sábado 23 de mayo que procedió a citar formalmente a declarar al gobernador del norteño estado de Sinaloa, quien es acusado por la justicia de los Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico. El mandatario regional, Rubén Rocha Moya, de 76 años de edad y militante del partido político de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, fue señalado a finales de abril por las autoridades estadounidenses, situación ante la cual el funcionario procedió a solicitar una licencia temporal de su cargo.
La dependencia judicial extendió la orden de comparecencia a otros nueve funcionarios del estado de Sinaloa, a quienes la administración estadounidense incluyó en el mismo expediente criminal junto a Rocha Moya.
En un comunicado oficial, la fiscalía mexicana precisó que la medida busca avanzar de manera decidida con seriedad y exhaustividad en las indagatorias abiertas en torno al mandatario regional. No obstante, la institución pública omitió detallar los días específicos fijados para las comparecencias, la calidad procesal exacta bajo la cual acudirán Rocha Moya y los demás requeridos, o si estas entrevistas preliminares derivarán en la ejecución de nuevas diligencias técnicas sobre el caso.
Ante la apertura de este proceso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido de manera reiterada en la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos presente las pruebas correspondientes que sustenten los cargos contra el funcionario sinaloense.
La jefa de Estado ratificó públicamente que su administración no brindará protección a ningún dirigente político que mantenga nexos demostrables con estructuras del crimen organizado, enfatizando de manera directa que si existen pruebas concretas, corresponde que la fiscalía actúe con firmeza. Por su parte, reportes del diario local Milenio indicaron que Rocha Moya reapareció en las plataformas de redes sociales con la finalidad de informar públicamente a la colectividad que ya recibió el citatorio legal para comparecer ante las oficinas fiscales.
Suscripción El Universal
Alcance de los señalamientos de Washington y tensiones bilaterales
De acuerdo con los expedientes difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, se sostiene la tesis de que los funcionarios señalados presuntamente conspiraron con los principales líderes del cártel de Sinaloa para facilitar la importación de grandes cargamentos de sustancias estupefacientes hacia territorio norteamericano, recibiendo a cambio apoyo político e incentivos económicos a través de sobornos. La lista oficial provista por las autoridades de Washington incluye, además de a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, y a los ciudadanos Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán. El cártel de Sinaloa figura actualmente como uno de los seis grupos delictivos de origen mexicano designados formalmente por la Casa Blanca como organizaciones terroristas.
En paralelo con esta investigación, la fiscalía general notificó que también llamó a declarar a la gobernadora del norteño estado de Chihuahua, Maru Campos, en relación con las averiguaciones en torno a la muerte de dos agentes de seguridad estadounidenses que perdieron la vida durante el pasado mes de abril en un accidente de carretera ocurrido en dicha entidad federativa.
Ambos expedientes judiciales se desarrollan en un contexto complejo, caracterizado por el incremento de las tensiones diplomáticas e institucionales entre el Gobierno de México y la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Este impasse ocurre en medio del despliegue de las mesas de negociación internacional destinadas a concretar la revisión general del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial de vital importancia del que también forma parte el gobierno canadiense.
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