El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, confirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsa una reforma constitucional y electoral destinada a impedir que la oposición pueda llegar al poder mediante elecciones.
Aunque insistió en que en Nicaragua “sí va a haber elecciones“, dejó claro que esos procesos estarán diseñados para excluir a quienes el oficialismo considere responsables de los hechos de 2018, promotores de sanciones internacionales o vinculados con organizaciones financiadas desde el extranjero.
Las declaraciones fueron pronunciadas este lunes durante un encuentro con parte del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, convocado por el régimen para explicar el contenido de las reformas constitucionales que actualmente impulsa la Asamblea Nacional.
Al día siguiente, Porras adelantó al plenario de la Asamblea Nacional que el régimen “propone ordenar con período efectivo de siete años renovable, lo cual asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad”.
Ante los diplomáticos, Porras sostuvo que el Parlamento está cumpliendo “fielmente” las orientaciones dictadas por Daniel Ortega durante el acto oficial del pasado 19 de julio.
El 19 de julio pasado, Ortega afirmó ante sus simpatizantes, en la celebración del 47 aniversario de la revolución sandinista: “Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones, no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
“Y vamos a trabajar, con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias y que por mucha plata que les den los yanquis, ¡No podrán! ¡No podrán! ¡No podrán!“, añadió ante la multitud que le aplaudía.
Aquellas palabras provocaron una amplia condena de gobiernos, organismos internacionales, opositores y defensores de derechos humanos, que consideraron que Ortega había oficializado la desaparición de cualquier posibilidad de alternancia democrática.
Ante esa reacción, la maquinaria de propaganda del oficialismo inició una campaña para sostener exactamente la tesis contraria.
Funcionarios, medios estatales y dirigentes sandinistas comenzaron a repetir el mensaje de que “sí habrá elecciones” y que las declaraciones de Ortega habían sido “malinterpretadas“.
El propio lema “#SíHabráElecciones” fue promovido desde las plataformas oficiales para intentar revertir el impacto político que había provocado el discurso presidencial.
El presidente de la Asamblea explicó que el objetivo de las reformas consiste precisamente en garantizar que nunca más pueda producirse una elección en la que la oposición tenga posibilidades reales de acceder al poder.
Entre esas condiciones figura una amplia lista de prohibiciones que impedirían optar a cargos públicos a quienes hayan ejercido “la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado”.
También quedarían excluidos quienes, según la propuesta, hayan “menoscabado la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”, promovido sanciones internacionales, solicitado intervención militar o recibido financiamiento extranjero.
El presidente del Parlamento también adelantó que las reformas otorgarán al Consejo Supremo Electoral facultades expresas para negar la personalidad jurídica de partidos políticos o cancelar candidaturas cuando los aspirantes se encuentren dentro de las nuevas prohibiciones constitucionales.
De esa forma, el órgano electoral asumiría la responsabilidad de impedir desde el inicio la participación de cualquier fuerza política que el régimen considere incompatible con los nuevos criterios establecidos en la Constitución.
Según sostuvo, el propósito de las reformas es impedir que actores considerados enemigos del Frente Sandinista puedan utilizar las elecciones para acceder al poder.
El presidente de la Asamblea defendió esa visión recurriendo nuevamente a la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990. Recordó que entonces, según su interpretación, los sandinistas compitieron con “una pistola en la cabeza” debido a la guerra y a la presión internacional. A partir de esa experiencia, sostuvo que el Frente Sandinista no volverá a aceptar un proceso en el que exista la posibilidad de perder el poder.
“¿Ustedes se imaginan que vengamos nosotros a jugar la democracia, entre comillas, de los enemigos para que nos vuelvan a hacer lo que nos hicieron en el 90? Nos pusieron una pistola en la cabeza y… ¡ah!, nos ganaron”, expresó posteriormente durante otra intervención pública dedicada a defender las reformas.
En esa misma comparecencia fue todavía más lejos al sugerir que un eventual triunfo de la oposición significaría el regreso del conflicto político y social.
“¿Y entonces qué vas a entregar?… Esos hospitales que tanto le cuestan al pueblo, que son del pueblo, para que los destruyan, para que los privaticen, para volver la lucha, porque entonces volvería la lucha“, afirmó, antes de asegurar que “no existe trabajador presidente en este país que se deje quitar su derecho”.
Infobae
