Un tribunal del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra Luis Antonio Carrera Almoina y fijó como sitio de reclusión el centro penitenciario Rodeo II, en Miranda, tras finalizar este jueves la audiencia de presentación por la agresión cometida contra la abogada Linda Loaiza.
La agenda judicial continuará este viernes 28 de agosto con la revisión del delito de violación por parte de la Corte de Apelaciones, mientras que la jueza instó al Ministerio Público a evaluar la petición relacionada con el delito de tortura. En su cuenta de Instagram, la misma Loaiza compartió el comunicado.
Carrera Almoina acudió la noche del 25 de agosto a la oficina de Atención a las Víctimas del Ministerio Público; sin embargo, en ese momento no fue detenido por las autoridades. Su posterior presentación en los tribunales reactiva uno de los procesos judiciales más emblemáticos y mediáticos de Venezuela, caracterizado por la denuncia constante de la víctima frente a la impunidad.
Los hechos se remontan al 27 de marzo de 2001, cuando Linda Loaiza, de apenas 18 años, fue raptada en Caracas por Carrera Almoina. Durante cuatro meses de cautiverio, la joven fue sometida a violaciones reiteradas, torturas físicas y psicológicas, golpizas, quemaduras y privaciones extremas. Tras ser rescatada en un delicado estado de salud, el diagnóstico médico evidenció abusos sexuales y graves traumatismos contusos que le desfiguraron el rostro.
Durante el proceso penal inicial en el país, el agresor fue condenado por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones graves. No obstante, las instancias judiciales venezolanas lo absolvieron en su momento del cargo de abuso sexual, lo que obligó a la víctima a emprender una batalla legal de décadas fuera de las fronteras.
La sentencia internacional
El giro definitivo del caso ocurrió en 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó una sentencia histórica en el caso López Soto y otros Vs. Venezuela.
El tribunal internacional declaró al Estado venezolano responsable por posibilitar, mediante la omisión y negligencia de sus funcionarios, los actos de tortura y esclavitud sexual sufridos por Linda.
La CorteIDH determinó que las autoridades conocían el riesgo desde mayo de 2001, cuando se denunció la desaparición, y no actuaron con la debida diligencia para protegerla.
El Pitazo
